COLOMBIA, PRIMERO EN CONFLICTOS ECOLÓGICOS EN LATINOAMÉRICA

Por: LAURA BETANCUR 9:01 p.m. | 28 de Marzo del 2014

Foto: Archivo EL TIEMPO

En 2012, indígenas marcharon en contra de la desviación del río Ranchería en La Guajira.

Son 7,9 millones los afectadas por 72 disputas entre comunidades e industrias.

La reciente crisis de las sabanas inundables del Casanare, donde cientos de animales mueren por la falta de agua, o el gran debate que tuvo a principios de este año la contaminación del mar Caribe en el departamento del Magdalena, por los vertimientos de petróleo, son solo dos escenarios de un mapa más amplio de conflictos socioambientales en el país.

Mineras, hidroeléctricas y agroindustrias hacen parte de las empresas que llegan con sus proyectos productivos a los territorios, y con las cuales las comunidades entran en pugna por el acceso y el uso de recursos naturales como ríos y páramos. Así lo demuestra el primer inventario de los conflictos por el medioambiente, compilado por el Instituto Cinara de la Universidad del Valle, en alianza con el Atlas Global de Justicia Ambiental, un mapa que busca ubicar los casos de conflicto en el mundo y que es promovido por el Environmental Justice Organizations, Liabilities and Trade (Ejolt, por sus siglas en inglés), un proyecto de la Unión Europea.

En el mapa, presentado este mes, Colombia es el segundo país con más conflictos ambientales, con 72 casos reseñados, solo por debajo de India, que registró 112. Y en América Latina ocupa la primera posición. Otros países de la región documentados son Brasil (58), Ecuador (48), Argentina (32), Perú (31) y Chile (30). Entre los conflictos descritos en el mapa se encuentra la desviación del río Ranchería en La Guajira, la construcción de la hidroeléctrica El Quimbo y las minas de Marmato, en Caldas. “Aunque reconocemos que la lista no es completa –asegura el informe–, consideramos que es más un inventario que una muestra, ya que proporciona una visión general, tanto de las actividades generadoras como del alcance geográfico de los conflictos de los últimos años”. <TB>

Entre los hallazgos más relevantes de los investigadores colombianos está el hecho de que el mayor número de conflictos se concentra en las zonas más pobladas (Andina y Caribe) y en las áreas de conservación. También concluyeron que la producción de petróleo, la creación de hidroeléctricas y la agroindustria de la biomasa son las actividades que más generan tensiones y que han afectado, o podrían hacerlo, a 7,9 millones de personas, siendo los campesinos, la población urbana y los indígenas los más impactados.

Especialmente, se encontró que 47% de los conflictos son provocados por la extracción de oro y carbón (vea en la infografía el rastreo por sector productivo).

Mario Pérez Rincón, presidente de la Sociedad Andina de Economía Ecológica (Saee) y líder del capítulo nacional de la investigación, asegura que la flexibilización de las normas que regulan la entrada de las industrias extractivas en el país en los últimos gobiernos (por ejemplo, durante los mandatos de Álvaro Uribe Vélez se dieron el 63% de los casos) y la vulnerabilidad de las comunidades indígenas y campesinas son las condiciones que agudizan estos problemas.

Pérez Rincón también afirma que, como en el resto del continente, la economía colombiana está en una “reprimarización”, es decir, apostándole a un modelo donde se acentúa la exportación de recursos del sector primario, lo que trae consigo una tensión entre las visiones de desarrollo de las comunidades, que regularmente tienen una vocación agrícola, y las del Estado.

Para Tatiana Roa, representante legal de Censat, ONG consultada por el proyecto para acopiar los casos, este inventario muestra la emergencia ambiental en la que está el país y la necesidad de que este tema no sea un asunto secundario en el debate político. “La gente está insatisfecha con el modelo extractivista”, agrega.

De otro lado, Ricardo Lozano, exdirector del Ideam y experto en medioambiente, opina que el crecimiento exponencial de los conflictos en el país se debe a la falta de respeto de los sectores económicos por las autoridades ambientales, que son calificadas de “frenos del desarrollo”, cuando regulan y controlan los impactos ambientales. “Se toma a la ligera el trabajo ambiental, sin tener en cuenta el análisis científico, que advierte de las consecuencias para los ecosistemas locales”, añade.

EL TIEMPO consultó la opinión sobre este tema de la ministra de Medio Ambiente, Luz Helena Sarmiento, quien no se pronunció al respecto. En cuanto a las acciones para solucionar los conflictos, los investigadores encontraron que aunque se interponen vías jurídicas, la violencia es persistente. De acuerdo con sus cifras, se dieron cerca de 42 amenazas a activistas, 13 muertes, 18 desplazamientos y nueve desapariciones. Sin embargo, no hay reporte de si la Fiscalía ya reconoció estos delitos en una relación directa con los activistas.

Solo en 14 casos las comunidades lograron suspender o parar el avance de los proyectos. Para Leah Temper, coordinadora del Atlas, estas historias representan “una esperanza” de que las comunidades pueden defender sus territorios. Al respecto, Juan Gabriel Uribe, exministro de Medio Ambiente, considera que la aparición de estos conflictos es normal, en tanto el país, luego de varias décadas de conflicto armado, está impulsando la minería y la producción energética, pero su arribo a los territorios debe ser concertado con las comunidades y añadió que se deben agilizar los fondos de compensaciones y regalías para las comunidades y procurar que el modelo económico sea sostenible y salvaguarde los recursos hídricos.

Un mapa abierto a la gente

Joan Martínez Alier, director de Environmental Justice Organizations, Liabilities and Trade (Ejolt, por sus siglas en inglés) y reconocido investigador español en problemáticas de medioambiente, hace una evaluación de cómo se dan los conflictos a partir del Atlas.

¿Cuál cree que es el conflicto más frecuente en el mundo?

En el sur del globo, los de minería y extracción de petróleo, pero también los de biomasa (palma de aceite, por ejemplo, en Indonesia y Colombia). En el norte y también en el sur (como Patagonia), los nuevos conflictos por el ‘fracking’ del gas.

En el ámbito de América Latina, nuestro país lidera la lista; ¿cómo está el resto de la región?

Pensamos que México y Brasil tienen más conflictos ambientales en América Latina que Colombia. Nos falta cubrir mejor estos países el próximo año y también varias naciones de Asia como China e Indonesia. Tenemos ahora mil casos en nuestro inventario, pero esperamos llegar a dos mil en marzo del 2015. Aunque, sin duda, Colombia tiene muchos conflictos ambientales.

¿Abrirán el mapa para que los ciudadanos lo complementen, a manera de trabajo colaborativo?

El mapa está ya abierto para que envíen correcciones a las fichas de los conflictos, en www.ejatlas.org. Además, el Atlas se hace en colaboración con organizaciones del activismo ambiental, como Censat en Colombia, Ocmal en toda América Latina, y también con investigadores universitarios de muchos países.

¿Qué observaron en común en las ‘victorias’ que lograron las comunidades?

En común encontramos la participación indígena, el apoyo de organizaciones ambientalistas nacionales o internacionales, a veces el apoyo de grupos religiosos y el grado de democracia en el país. En América Latina es muy interesante ver la difusión de una nueva institución: los referendos locales, desde Tambogrande (Perú) hasta el reciente caso de Piedras en Tolima.

LILIAN CORTINES ACOSTA