La Salud Pública sigue en retroceso

Está próximo a finalizar el proceso de reestructuración del Ministerio de Salud, en el marco de las facultades especiales concedidas al Gobierno para la restructuración de los organismos del Estado y, hasta ahora, la información pertinente parece demostrar que se perderá una oportunidad más para rescatar la Salud Pública en el país, al menos en la concepción amplia que rige en los países desarrollados.

La concepción amplia de este concepto va mucho más allá de atribuirle a los ciudadanos la responsabilidad de sus comportamientos poco saludables a través de charlas educativas, triste "modelo higienista biomédico" al que se ha visto reducida la Salud Pública en los últimos años.

 

Igualmente la concepción amplia hace muchos años dejó atrás el "modelo ambientalista" que buscaba las fuentes de las enfermedades infecciosas en el entorno del hombre, para determinar y combatir agentes específicos de cada enfermedad o padecimiento.

 

La Ley 10 de 1990 pareció entender la esencia social y comunitaria de la Salud Pública y por elló consideró que la dirección de la Salud Pública no podría estar separada de la autoridad electa por la propia comunidad. Sin embargo, en lugar de generar un gran proceso de desarrollo del debate y las acciones comunitarias en procura de mejores condiciones de salud, la descentralización propuesta para el manejo de lo público acabó convertida merced a la Ley 60 de 1993 en un proceso de requisitos burocráticos para el manejo de recursos.

 

En la reestructuración del Ministerio de 1990 ingresaron importantes conceptos de la Salud Pública como riesgos del consumo, riesgos del espacio público, de los establecimientos, de la vivienda, desarrollo humano, etc, pero no lograron el desarrollo esperado.

 

La ley 100 de 1990 redujo en la práctica la Salud Pública a un Plan de Atención Básica para enfermedades prevalentes y dividió de tal modo las responsabilidades de su aplicación que hasta el control de las epidemias se convirtió en un desastre durante los últimos años.

 

La reestructuración correspondiente del Ministerio en 1993 redujo el concepto de Salud Pública a una Dirección General de Promoción y Prevención, desandando muchos años conceptualmente.

 

Dada tal concepción reduccionista no es extraño que el Departamento Nacional de Planeación decidiera olímpicamente suprimir los recursos del Ministerio para las acciones de Salud Pública, incluída la vacunación, pretendiendo que las EPS y ARS se encarguen de este problema.

 

Al parecer ni siquiera se observan los resultados de las administradoras en este campo, lamentables por decir lo menos, según las evaluaciones realizadas por el propio Ministerio directamente sobre las EPS o a través de contratos como el estudio de CIMDER sobre las Empresas Solidarias de Salud en su conjunto.

 

Menos se entiende la insistencia de que las aseguradoras se encarguen de la prevención cuando en 1998 las EPS y empresas adaptadas sólo ejecutaron 3.712 millones en programas de promoción y prevención de los 31.875 millones que tenían disponible para tal efecto y prefirieron dejar en la Subcuenta de Promoción 28.163 millones.

El porcentaje de ejecución de la Subcuenta al finalizar el año fué apenas de un 15.9% sobre lo programado y de menos del 10% sobre lo recaudado, 5.149 millones de un total de 59.427 millones.

 

Ante tan crítica situación, lo obvio debería ser dar a la Salud Pública mayor peso dentro de la estructura del Ministerio. Aún si se pensara exclusivamente en la Ley 100, con sus dos granes Planes el POS y el PAB, se esperaría que cada uno de ellos fuera representado por una cabeza visible al más alto nivel.

 

El más alto nivel no significa otra cosa que un Viceministro, necesario para liderar las acciones de Salud Pública ante la descentralización de competencias en los departamentos, distritos y municipios del país, así como para interactuar debidamente con otros Ministerios y organismos del Estado que tienen incidencia sobre los factores de riesgo para la Salud de los ciudadanos.

 

Igual consideración debiera tener la Seguridad Social y todos aquellos aspectos relacionados con la garantía de atención en salud a los ciudadanos. Hoy, el cargo de Director General de Seguridad Social tiene insólitamente la responsabilidad de asesorar al Ministro y al Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, aparte de ser Secretario Técnico del mismo.

 

Sin embargo, en lugar de concentrar la problemática y su dirección en un alto cargo, se pretende reducir aún más el concepto de la Salud Pública e incluso derivar muchas funciones de prevención hacia el Instituto Nacional de Salud.

 

En esa estructura, por supuesto, seguirán sin cabida gravísimos problemas actuales de salud pública como la accidentalidad por vehículos automotores, la contaminación del aire en las grandes ciudades, la desnutrición, el aborto, la calidad del agua y los alimentos, mientras otros seguirán reducidos a la mínima expresión como en la actualidad lo están los riesgos laborales, la salud oral, la salud sexual, la salud mental y muchos más que agobian a la sociedad colombiana, aparte de la violencia misma.

 

Tan pobre visualización de la salud de los ciudadanos y de la responsabilidad del Estado en su dirección, de hecho han llegado a permitir que se plantee (según señalan medios de prensa), la desaparición misma del Ministerio de Salud, para reducirlo a una sección del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social o al contrario según informaciones de última hora, decisión que sin duda privilegiaría el concepto amplio de seguridad social dentro del cual tiene cabida la garantía de atención en salud, pero no la salud pública.

 

El día que la Salud Pública recupere el liderazgo será posible comprender que la gran mayoría de los problemas de salud de los ciudadanos colombianos se originan en el mismo hombre y en la organización social del país. El desarrollo físico, intelectual y social de los ciudadanos será la prioridad del Estado y no una serie de estadísticas olvidadas sobre desnutrición; las enfermedades endémicas y epidémicas que los agobian tendrán responsables por omisión distintos a los fenómeno del Niño o la Niña; los desastres naturales dejarán de ser tan naturales cuando se determinen las causas reales de las muertes y lesiones en las construcciones inadecuadas o ubicadas en lugares de riesgo, etc..

 

En suma, parece cerrarse la puerta a un conocimiento transdisciplinario capaz de actuar positivamente hacia la construcción de una sociedad que privilegie la vida misma y el desarrollo humano como valores fundamentales, capaz de cohesionar las comunidades mismas en la búsqueda de un futuro mejor, un futuro donde un importante porcentaje de los colombianos no pierdan la vida en la primera infancia, ni queden francamente limitados física e intelectualmente en su desarrollo para poder competir en el mercado laboral, y donde otro importante porcentaje de los ciudadanos no pierda por enfermedades, accidentes y violencia su vida o sus capacidades.

 

 

stephanny lucia foliaco

odontologia sem IX