Las heridas menos visibles: Salud mental, violencia y conflicto armado en el sur de Colombia

Desde hace más de 50 años, la población colombiana sufre los efectos de una crisis humanitaria que la convierte en víctima silenciosa tanto del conflicto que enfrenta a los distintos actores armados estatales y no estatales, como de otras situaciones de violencia. Los habitantes de las zonas más afectadas se exponen a desplazamientos forzados, masacres, asesinatos selectivos, minas, secuestros, atentados con explosivos, abusos sexuales, amenazas, confinamiento, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas.

Desamparadas por un Estado que no logra responder de manera efectiva a sus necesidades médicas y menos aún a las psicológicas, estas poblaciones vulnerables se ven obligadas a transitar su día a día afrontando las duras consecuencias que el conflicto armado tiene en el desarrollo de su vida cotidiana y en su salud.

Aunque menos visibles que las heridas de bala, los efectos psicosociales de la guerra también tienen un impacto profundo en la vida de las personas. Las repercusiones sobre el equilibrio psíquico se presentan no sólo en aquellos que viven en las zonas más afectadas del territorio colombiano y que están expuestos
a la violencia directa, sino también en la población que de manera indirecta sufre el conflicto. A pesar de los avances legislativos en el ámbito de la salud mental que se han registrado en los últimos cinco años y más allá del reconocimiento político y público de la existencia de un conflicto armado, aún falta un plan de acción del gobierno colombiano acorde a la evolución del contexto, que garantice
el acceso a servicios de salud mental de calidad para la población afectada por la violencia, independientemente del perpetrador.

En Colombia la salud mental sigue siendo un campo poco explorado, escasamente atendido y estigmatizado, y la respuesta de los servicios sanitarios frente a trastornos mentales es generalmente limitada
o inadecuada.Tampoco se ha investigado ampliamente lo que le sucede a la población civil que está atravesando un conflicto activo. En el presente reporte, Médicos Sin Fronteras (MSF) recopila su propia experiencia en el terreno atendiendo directamente a las personas afectadas por los enfrentamientos para poner en evidencia el impacto del conflicto armado en la salud mental y la importancia de garantizar una atención integral a las víctimas, estén o no reconocidas como tal. Propone además la implementación de una política pública eficaz que incluya la oferta de servicios de salud mental en el primer nivel de atención y en las actividades extramurales de los equipos sanitarios.

MSF es una de las pocas organizaciones médico-humanitarias internacionales que brinda asistencia en aquellas zonas del país
de difícil acceso, las más afectadas por el conflicto armado. Como parte de este esfuerzo, desde hace siete años la organización brinda atención constante en salud mental a la población civil. Entre enero y diciembre de 2012 los equipos de MSF en el terreno atendieron a 4.455 pacientes de salud mental de cuatro departamentos del sur de Colombia (Caquetá, Putumayo, Nariño y Cauca). La mayoría de los que asistieron a las consultas clínicas de la organización han vivido uno o más hechos relacionados con la violencia, y están expuestos cotidianamente a diversos factores de riesgo asociados directa o indirectamente con las dinámicas del conflicto. Ellos, sus historias y los registros de los psicólogos de la organización son la base para los resultados que se presentan en este reporte, con el que MSF espera arrojar luz sobre las secuelas que la lucha armada deja en la salud mental de aquellos atrapados por el conflicto y contribuir a la promoción de cambios en la legislación y los protocolos de atención para uno de los problemas de salud pública más invisibilizados de Colombia.

La legislación sobre atención en salud mental en Colombia ha tenido mejoras significativas durante los últimos años, pero este derecho aún no está plenamente garantizado.

En 2008, la sentencia T-760 de la Corte Constitucional amplió
el concepto de salud hacia el ámbito psicológico y psicosomático, estableciendo una conexión entre la salud mental y el derecho fundamental a la vida digna.1 A su vez, la Ley de Víctimas de 2011 contempla la implementación de programas de atención psicosocial y de salud integral a las víctimas del conflicto, comenzando por las zonas con mayor presencia de personas afectadas e incluyendo aspectos como la gratuidad, la interdisciplinariedad y la atención individual, familiar y comunitaria. Más recientemente, la Ley 1616 de 2013 ratificó la salud mental como un derecho fundamental en sí mismo y reglamentó que es obligación del Estado garantizar la promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación en salud de todos los trastornos mentales, bajo los principios de universalidad e interdisciplinariedad.

A pesar de estos avances, la legislación colombiana en materia
de salud mental tiene un largo camino por recorrer: hacen falta mejoras en su contenido y acciones concretas para implementarlo. Por un lado, los textos de las leyes son poco comprensibles y difíciles de traducir a la práctica, no sólo por la deficiente asignación de recursos, sino también por falta de claridad en los procedimientos, roles y responsabilidades que crea la ley. Por otro lado, el marco legal actual no obliga a las entidades prestadoras de servicios
de salud a garantizar la atención psicológica clínica en los centros de primer nivel, una condición indispensable para el acceso a la salud mental de los habitantes de las regiones más apartadas y olvidadas.

Estos vacíos legales repercuten en la prolongación del sufrimiento de la población, víctima del abandono institucional, sujeta además al silencio y a la invisibilización que se han venido consolidando durante los más de 50 años de violencia en Colombia.

LILIAN CORTINES