CONFLICTOS DE INTERÉS EN LA SALUD EN COLOMBIA

Previamente, el secretario había denunciado los malos manejos administrativos en algunas instituciones hospitalarias de la capital. Las actuaciones del doctor Jaramillo son encomiables, por cuanto manifiestan la rectitud de su criterio, al desenmascarar conductas administrativas indecorosas de algunos de sus colegas y, al mismo tiempo, exigir que las EPS les paguen a los hospitales bogotanos la suma de $260.000 millones que les deben.

Contrasta este proceder con el de otros funcionarios públicos, que al ser interrogados sobre el significado de la marcha, se limitaron a repetir el estribillo de combatir la corrupción en los hospitales, pero sin aludir a la deuda de las EPS con la ciudad, ni tampoco valorar la de la red hospitalaria nacional, estimada por la Asociación Colombiana de Hospitales en la suma de $4,01 billones de pesos. Ignorar el desfalco de que son víctimas los hospitales por cuenta de las EPS, es darle la razón a los críticos del sistema de salud y confirmar la existencia de un conflicto de interés del Estado colombiano en este tema del país nacional.

El Instituto de Medicina de las Academias Nacionales de Estados Unidos publicó en 2009 un extenso reporte sobre los conflictos de interés en investigación médica, educación y ejercicio de la medicina. Los definió como las “circunstancias que crean el riesgo de que los dictámenes profesionales o las acciones atenientes a un interés primario pueden ser influenciadas ilícitamente por un interés secundario”. Enumeró los intereses primarios como “la promoción y protección de la integridad de la investigación, la calidad de la educación médica y el bienestar de los pacientes”. Este último enunciado le compete constitucionalmente al Estado, que debe garantizar el derecho a la salud, exigiendo a las aseguradoras la satisfacción inmediata de tan billonaria obligación.

La sociedad civil reclama que el cambio del sistema de salud sea liderado por las organizaciones profesionales del sector, las cuales, para merecer ser escuchadas, deben testimoniar el comportamiento correcto de sus afiliados. Si la Ley 100 creó un modelo mercantilista con ánimo de lucro, engendro del denominado capitalismo salvaje, no es justificable que los profesionales trasladen a su ejercicio, abusos similares a los de los mercaderes dominantes del sistema.

La medicina, por el contrario se ha regido ancestralmente por el imperativo hipocrático, de la defensa de los intereses del paciente. “El objeto de la medicina es la humanidad del hombre, su salud y bienestar”. (Patiño, José Félix, en Humanismo, Medicina y Ciencia, Universidad Nacional de Colombia, 2011).

Las universidades, las asociaciones científicas y gremiales, deben fomentar la cultura del profesionalismo y preservar la credibilidad pública en la medicina y las profesiones afines.

stephanny lucia foliaco