domingo, 30 de marzo de 2014

CONFLICTOS DE INTERÉS EN LA SALUD EN COLOMBIA


Previamente, el secretario había denunciado los malos manejos administrativos en algunas instituciones hospitalarias de la capital. Las actuaciones del doctor Jaramillo son encomiables, por cuanto manifiestan la rectitud de su criterio, al desenmascarar conductas administrativas indecorosas de algunos de sus colegas y, al mismo tiempo, exigir que las EPS les paguen a los hospitales bogotanos la suma de $260.000 millones que les deben.
Contrasta este proceder con el de otros funcionarios públicos, que al ser interrogados sobre el significado de la marcha, se limitaron a repetir el estribillo de combatir la corrupción en los hospitales, pero sin aludir a la deuda de las EPS con la ciudad, ni tampoco valorar la de la red hospitalaria nacional, estimada por la Asociación Colombiana de Hospitales en la suma de $4,01 billones de pesos. Ignorar el desfalco de que son víctimas los hospitales por cuenta de las EPS, es darle la razón a los críticos del sistema de salud y confirmar la existencia de un conflicto de interés del Estado colombiano en este tema del país nacional.
El Instituto de Medicina de las Academias Nacionales de Estados Unidos publicó en 2009 un extenso reporte sobre los conflictos de interés en investigación médica, educación y ejercicio de la medicina. Los definió como las “circunstancias que crean el riesgo de que los dictámenes profesionales o las acciones atenientes a un interés primario pueden ser influenciadas ilícitamente por un interés secundario”. Enumeró los intereses primarios como “la promoción y protección de la integridad de la investigación, la calidad de la educación médica y el bienestar de los pacientes”. Este último enunciado le compete constitucionalmente al Estado, que debe garantizar el derecho a la salud, exigiendo a las aseguradoras la satisfacción inmediata de tan billonaria obligación.
La sociedad civil reclama que el cambio del sistema de salud sea liderado por las organizaciones profesionales del sector, las cuales, para merecer ser escuchadas, deben testimoniar el comportamiento correcto de sus afiliados. Si la Ley 100 creó un modelo mercantilista con ánimo de lucro, engendro del denominado capitalismo salvaje, no es justificable que los profesionales trasladen a su ejercicio, abusos similares a los de los mercaderes dominantes del sistema.

La medicina, por el contrario se ha regido ancestralmente por el imperativo hipocrático, de la defensa de los intereses del paciente. “El objeto de la medicina es la humanidad del hombre, su salud y bienestar”. (Patiño, José Félix, en Humanismo, Medicina y Ciencia, Universidad Nacional de Colombia, 2011).
Las universidades, las asociaciones científicas y gremiales, deben fomentar la cultura del profesionalismo y preservar la credibilidad pública en la medicina y las profesiones afines.


stephanny lucia foliaco
Se buscan «pacificadores» para resolver conflictos sanitarios
Más desarrollada en otros ámbitos, la figura del mediador empieza a emerger en el mundo sanitario. Para algunos expertos, este personaje resulta cada vez más necesario. Al cambio de actitud de los pacientes, más conscientes de sus derechos y menos dados a la pasividad, hay que añadir la interculturalidad, el envejecimiento de la población, la transformación del concepto de salud, el imparable incremento del coste de la atención, la tendencia a judicializar la sociedad... El cóctel resultante es un caldo de cultivo perfecto para que surjan situaciones de tensión. La empatía y las dotes de comunicación no siempre resultan suficientes; muchas veces es preferible recurrir a una tercera persona independiente y neutral.

Inmaculada Armadans, del Departamento de Psicología Social de la Universidad de Barcelona, cree que la práctica de este método de pacificación en otros medios, como los colegios o las comunidades de vecinos, puede ser de gran ayuda para los contextos sanitarios, pero no es directamente extrapolable. «Hay cuestiones muy específicas de este entorno, como ciertos componentes emocionales o la presión asistencial», asevera.
Esta psicóloga, responsable del capítulo dedicado a la salud del 'Libro Blanco de la Mediación en Cataluña', cuya elaboración concluirá a finales de año, es también la primera firmante de un artículo de la revista 'Medicina Clínica' que refleja cómo debe ser este instrumento en la sanidad.
Dado que se trata de una idea casi sin explotar en hospitales, centros de salud e instalaciones sociosanitarias, todavía hay muchas preguntas sin respuesta. ¿Quiénes están llamados a ejercer como mediadores de la sanidad? Hay dos apuestas: que sean profesionales formados en ese ámbito ya desde la universidad y cuenten con su propio colegio, o bien que se prepare para desempeñar esta función a aquellos integrantes de la plantilla de los centros sanitarios que se ha observado que tienen un perfil más adecuado para ello.
Armadans reconoce que todavía «hay mucho trabajo por hacer», pero puntualiza que ya hay «algunas experiencias de alto valor cualitativo».
Una de ellas es el programa Medima yor, que se llevó a cabo en 2007 con el concurso de la Universidad del País Vasco, la Universidad de Barcelona y la Universidad Ramón Llull (también de la Ciudad Condal) en el marco de una investigación subvencionada por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso). Según los autores de la revisión, esta iniciativa fue diseñada «para transformar situaciones de conflicto y demostró la utilidad de la mediación como herramienta para la gestión del conflicto en el ámbito de las personas mayores». En otras palabras: se creó un clima propicio en el que los problemas se podían analizar con el sosiego necesario para, posteriormente, negociar las soluciones. Las relaciones entre los usuarios, los familiares y los profesionales de las residencias de ancianos no siempre son todo lo fluidas que sería deseable. Por otro lado, pueden surgir quejas por el servicio prestado, así como malentendidos que hacen pensar que existen situaciones de malos tratos. Es ahí donde es preciso acudir al rescate dialogado.
INMIGRACIÓN

El trato con personas de otros países y etnias, que llevan a la espalda su propio 'cargamento' cultural, es otra de las posibles fuentes de conflicto en el ámbito sanitario. El programa iniciado en el Hospital del Mar de Barcelona en 2003, dedicado a la mediación intercultural, cuenta con un equipo de cinco expertos y ha prestado atención a unos 5.000 usuarios en cuestiones muy diversas relacionadas con la religión, el acompañamiento o la información sobre recursos sociales y sanitarios disponibles.
Esta amplitud de miras da idea de lo ambiciosos que podrían llegar a ser los proyectos. Una de las líneas de trabajo prioritarias es la incorporación de sistemas de pacificación para reducir el número de quejas por posibles casos de mala praxis que acaban en los tribunales. Tal y como afirma Armadans, «muchas veces las demandas se admiten a trámite pero luego se comprueba que la causa era debida a problemas de comunicación». La consecuencia es un alto coste económico y social. «El desprestigio al médico es irreparable», lamenta la psicóloga. «Esto se podría evitar con modelos que permitan hablar antes de pleitear», agrega.
Pero el concepto de mediación va mucho más allá y quienes apuestan por él creen que debe convertirse en un método que transforme positivamente todo aquello que abarca. «Se trata de crear un espacio de diálogo cooperativo entre personas o grupos para prevenir conflictos, crear puentes que mejoren la comunicación, gestionar los conflictos, transformar las relaciones existentes, llegar a acuerdos extrajudiciales y buscar soluciones allá donde el sistema falla», indican los autores del trabajo que recoge 'Medicina Clínica'.
Pero, ¿por dónde empezar? No se trata de alta tecnología, pero sí de un sistema que consume recursos humanos y económicos. Armadans estima que hay que apuntar alto y no hay razón para restringir de antemano su aplicación: «Idealmente, se debería implantar en cualquier lugar donde haya conflictos de entendimiento».


stephanny lucia foliaco

Salud: el sindicato no podrá parar Uruguay
  
Pese a que parece haber quedado congelado en el tiempo, el conflicto en la salud todavía continúa. El gobierno mantiene la resolución de esencialidad y los funcionarios siguen evaluando medidas en un escenario de conflictividad que ya lleva un mes y varias semanas. Hace por lo menos 15 días que no se convoca a las partes a un nuevo ámbito de negociación en el Ministerio de Trabajo. "Nosotros seguimos tratando por todos lados de buscar alguna posible salida, hablando con distintos actores, pero todo en reuniones informales", dijo a El País la presidenta de la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP), Beatriz Fajián. Hoy los trabajadores se reunirán en un plenario para evaluar nuevas medidas de presión. "Huelga no podemos hacer y aunque queramos tampoco podemos hacer paro", señaló en referencia a la medida parcial del Pit-Cnt de mañana miércoles 25. Dijo que van a adherir al paro, pero no lo van a ejecutar. "No podemos porque con las sanciones que ASSE impuso cualquiera puede ser echado. Lamentablemente, es muy duro, pero hay que decir que el gobierno nos impide ejercer el derecho de la huelga".

 stephanny lucia foliaco

Funcionarios del Clínicas removieron 8 miembros por faltante de $ 147.385 uruguay

La Unión de Trabajadores del Hospital de Clínicas resolvió expulsar y suspender del sindicato a ocho miembros debido a que tras la realización de una auditoría interna detectaron un faltante de $ 147.385.Cuatro miembros fueron expulsados, tres fueron suspendidos por cinco años y otro fue suspendido por dos años. La medida se votó en asamblea y eso desató molestia entre los miembros del sindicato que se tomaron a los manotazos. El sindicato a su vez instó a firmar en el plazo de 10 días un conforme por el total del dinero con firmas certificadas y cancelación en seis meses. La auditoría fue hecha sobre los meses de octubre y diciembre 2012. Además de detectar el faltante de dinero, según el sindicato, quedaron en evidencia "muchas irregularidades en cuanto a en qué se gastó el dinero, principalmente alimentación, taxis, viajes. También hay irregularidades en las boletas, sin emisor, duplicadas o adulteradas", afirmó a El País Isabel Figari, dirigente sindical. La asamblea se realizó en medio de un paro en el centro hospitalario que implicó el cierre de dos block quirúrgicos aunque no se suspendieron intervenciones ya que las mismas fueron reprogramadas. La convocatoria estaba previsto que se iniciara a las 9:30, pero comenzó sobre las 10:15 y finalizó sobre el mediodía por lo que se espera que se reestablezca  el servicio en las primeras horas de la tarde
stephanny lucia foliaco

jueves, 27 de marzo de 2014


MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL 
INCLUSIÓN SOCIAL CON ENFOQUE PSICOSOCIAL (ISEP)


LILIAN CORTINES



CONFLICTOS ARMADOS Y SALUD MENTAL


Desde 1945 se estiman unas 160 guerras y conflictos armados en los países en desarrollo, ello ha producido unos 22 millones de muertes y 3 veces más el número de heridos.”

El presente artículo describe algunas interpretaciones psicológicas que hacen los profesionales que trabajan en contextos de violencia organizada y conflictos armados. De tal forma que, en la primera parte se exponen esas interpretaciones y se conjugan con una pequeña reseña histórica sobre los daños que han dejado las guerras en el ámbito mundial y las subsecuentes secuelas en la población civil. La segunda parte revela algunos daños que dejó la represión en Guatemala a lo largo de 34 años de conflicto armado interno. Para ello, se retoma los datos originados por la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de las Naciones Unidas “CEH” y el informe del Arzobispado de Guatemala a través del proyecto Recuperación de la Memoria Histórica “REMHI”. La tercera parte aborda lo psicosocial como alternativa para disminuir y, en el mejor de los casos, revertir esos impactos negativos sobre la sociedad civil guatemalteca”


Psicología y guerra
La historia de la evolución humana ha sido marcada por una serie de conflictos bélicos con un denominador común: “dañar o destruir al enemigo". Sin embargo esa definición de enemigo era relativamente fácil de reconocer antes de la II Guerra Mundial, puesto que se consideraba que las guerras eran llevadas a cabo entre dos o más grupos armados en conflicto.

A medida que han evolucionado y se han sofisticado las guerras en todo el mundo, esa definición de “enemigo” se ha hecho más amplia para algunos o más ambigua para otros, puesto que se ha involucrado a la población civil dentro de las estrategias militares. Lo que queda claro entonces, es que la población civil se ha convertido en un objetivo principal del dominio o exterminio de un grupo o país sobre otro.

Summerfield refuerza el enunciado anterior con números y porcentajes de personas afectadas por situaciones de guerra, es decir, como la población civil ha sido y es blanco de esas acciones militares, siendo así que para la primera guerra mundial el 5 % de las muertes fueron de civiles; en la segunda guerra mundial subió para un 50 % de muertos civiles; en la guerra de los EEUU con Vietnam llega a cifras de hasta un 80 % y en la actualidad el autor estima un 90 % de civiles muertos en situaciones de guerra. También UNICEF informó que entre el periodo de 1986 a 1996 habían dos millones de niños muertos en guerras y ACNUR reporta actualmente 18 millones de refugiados en el mundo, de estos el 90 % corresponden a personas civiles refugiados en países en desarrollo.

Por lo tanto, la ciencia militar o la militarización de la ciencia en sí no ha quedado limitada solo a mejorar los aspectos balísticos propiamente dichos, sino también se ha preocupado por incorporar y manejar los aspectos psicológicos con estrategias claras y precisas sobre la población civil inmersa en conflictos armados y en contextos de violencia organizada. Para ello, ha involucrado a otros científicos en sus estrategias militares, tales como: psicólogos, antropólogos, psiquiatras, etc. De tal forma que al lado de una intervención militar o de violencia organizada están los aspectos de la guerra psicológica.

La manera de cómo se interpretan las experiencias traumáticas vividas durante esos conflictos, depende no solo de las experiencias que tienen los propios profesionales en ese campo, sino también del referencial teórico en que se apoyan. Es por ello que podemos observar que existen diferentes maneras para conceptuar los daños psicológicos en contextos de guerra. Esta diferencia de enfoques también se ve reflejada en la diversidad de programas de asistencia psicológica, implementados en los sobrevivientes de esas experiencias. Siendo así que, para la sicología occidental o de países industrializados, los disturbios emocionales relacionados a traumas de guerra fueron ya reconocidos por más de un siglo, todos ellos con nombres diferentes pero con significados iguales, tal como el corazón del soldado, “shell shock”, neurosis de guerra, etc. Todas estas definiciones que aparentemente significaban lo mismo, es decir un trauma psicológico a causa de haber estado en una situación de guerra, fueron caracterizadas en la nomenclatura diagnóstica de la Asociación Americana de psiquiatría como Trastorno de Estrés Postraumático "TEPT" en 1980.

No obstante, otros profesionales con visiones más psicosociales, describen el sufrimiento causado por las guerras, ya sea debido a las consecuencias de la violencia política represiva, la militarización o los conflictos bélicos, como Trauma Político o Trauma Psicosocial.

Otro término frecuentemente utilizado en los países con conflictos internos es el de Violencia Organizada, Zwi
la describe como "la inflicción interhumana de dolor y sufrimiento significante y evitable por un grupo organizado según una estrategia declarada o implícito y/o un sistema de ideas y actitudes". Es por ello, que la experimentación de los traumas vividos en tiempos de paz, tienen efectos diferentes sobre la salud mental de las personas cuando se comparan con aquellos traumas ocurridos en tiempos de guerra o violencia política. Esta diferencia implica que las personas y grupos sociales tengan diversas interpretaciones y respuestas psicológicas. Con lo antes expuesto queda claramente implícito que la guerra tiene un sistema propio de funcionamiento, “La guerra es una institución perfectamente asentada en la mayoría de las culturas contemporáneas. Como cualquier institución, la guerra tiene unos valores e ideas genéricas que la justifican, unas normas que la regulan, unas colectividades que giran en torno a la misma y se encargan de darle vida y unos roles o formas de actuación normalizada, reservados para cada miembro de los grupos que tienen relación con ella, que en los tiempos modernos, son todos los habitantes de los territorios en los cuales se desarrolla”


LILIAN CORTINES

lunes, 24 de marzo de 2014

Seis millones de víctimas deja el conflicto en Colombia.


Al empezar este año, la Unidad de Víctimas registró a la número 6 millones desde 1984. Pocos conflictos armados en el mundo exhiben una cifra semejante. La cual, por aterradora que sea, apenas da una pálida idea de los centenares de miles de destinos individuales, familiares y de comunidades completas que han sido pasto de la moledora de la guerra en estos 30 años.
En los dos años transcurridos desde la sanción de la Ley 1448 o de Víctimas, el Estado ha incluido en el registro nacional a más de 6 millones de víctimas. En su inmensa mayoría, se trata de víctimas de desplazamiento forzoso, las cuales suman casi 5,4 millones desde 1984 (con esto, la cifra oficial se acerca, por fin, a la que han manejado ONG especializadas como Codhes).
Pero están también miles de personas que sufrieron toda suerte de otros crímenes de guerra: más de 130.000 amenazados, cerca de 75.000 que perdieron algún bien, más de 90.000 desaparecidos y sus familiares, más de 21.000 secuestrados, casi 55.000 víctimas de algún tipo de acto de terrorismo, cerca de 95.000 homicidios y más de 540.000 personas afectadas por el asesinato de un ser querido, 10.500 víctimas de minas antipersonas, 6.500 casos de tortura, casi 7.000 de reclutamiento forzado de niños y 4.000 casos de violencia sexual componen la radiografía del padecimiento que ha compilado la Unidad de Víctimas.
Un elemento preocupante es que, pese a que el proceso de reconocimiento y reparación de las víctimas está en pleno curso (se han indemnizado más de 350.000) y pese también a la negociación en La Habana para poner fin al conflicto armado, el número de víctimas ha crecido mucho durante este gobierno.
En 2012 más de 221.000 personas sufrieron algún hecho de victimización y lo mismo ocurrió con otras 122.000 el año pasado. En total, más de medio millón de colombianos han sido víctimas del conflicto desde que se aprobó la Ley de Víctimas, en junio de 2011. Evidencia de que la guerra sigue haciendo estragos en no pocas zonas del país. Y, como lo constató la Corte Constitucional el año pasado, de que los grupos sucesores de los paramilitares, o bandas criminales, pese a no ser reconocidos como actores del conflicto, generan desplazamiento y son fuente de homicidios, desapariciones, masacres y otras atrocidades.

Antioquia es el departamento con más víctimas, con cerca de 1,2 millones. Le siguen Bolívar, con casi medio millón; Magdalena con 380.000; Nariño, con más de 320.000; Chocó, Cesar y Valle, que tienen cerca de 300.000, y luego están Caquetá, Cauca y Córdoba, que pasan de las 260.000 cada uno. Y todas las regiones del país tienen miles de víctimas. kira herrera.
kira herrera

sábado, 15 de marzo de 2014

la salud en situaciones de conflicto armado

Para que nadie muera porque una bomba ha destruido un hospital o porque los medicamentos han sido robados. Estas imágenes son sólo una muestra del peligro en el que se encuentra la asistencia sanitaria en algunos lugares del mundo que viven en conflicto armado. Con el objetivo de reclamar protección tanto para los pacientes como para el personal sanitario, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y las sociedades nacionales de la Cruz Roja han puesto en marcha la campaña 'Asistencia de salud en peligro'. Se trata de una iniciativa mundial que pretende hacer "más seguro" el acceso a la atención de salud en situaciones de conflicto. Para que nadie muera porque la ambulancia que iba a asistirle ha sido secuestrada o porque un puesto de control impide el paso o porque han matado al personal sanitario. Para concienciar de estas situaciones inhumanas, desde el 3 de octubre hasta el 4 de diciembre, 88 paradas de Metro de Madrid exponen imágenes de esta cruenta realidad. También lo hacen otras seis capitales europeas. "En Europa la gente tiene la suerte de saber que llegarán al hospital más cercano con seguridad, que la ambulancia que les transporta se abrirá paso sin obstáculos y que la farmacia dispondrá de los medicamentos que necesiten. Lamentablemente millones de personas no tienen esa posibilidad en países como Siria, la República Democrática del Congo y Somalia, donde hay heridos o enfermos que mueren porque se bombardean los hospitales, se impide el paso de las ambulancias y se saquean las instalaciones médicas", señala el director general del CICR, Yves Daccord. Según un estudio realizado por el Comité y publicado en mayo de 2012, se registraron al menos 921 incidentes violentos contra el personal de salud, infraestructuras sanitarias y heridos o enfermos. En definitiva, tal y como ha comentado el director general del Departamento de Ayuda Humanitaria y Protección Civil de la Unión Europea, Claus Sorensen, "la falta de seguridad que hay en las guerras tiene amplias repercusiones en la asistencia sanitaria". En países como Afganistán, Colombia, la República Centroafricana y Mali, los problemas que se plantean a la asistencia de salud dimanan tanto de ataques directos contra el personal de salud como de las dificultades de acceso a las instalaciones sanitarias a las que muchas veces hacen frente los heridos y los enfermos. "Los ciudadanos europeos deben tomar conciencia de la urgencia de atender este problema y del daño que se está causando", subraya María Alcázar, directora del Departamento de Cooperación Internacional de Cruz Roja Española. "La inaceptable realidad es que la neutralidad de las instalaciones, de los medios de transporte y del personal de salud es constantemente ignorada. Si la opinión pública internacional es suficientemente fuerte logrará persuadir a las partes en los conflictos y a la comunidad internacional para que actúen directamente sobre el terreno.
stephanny lucia foliaco
cod: 08168049
fecha: 15/03/14

viernes, 14 de marzo de 2014

kira herrera

La salud en situaciones de conflicto armado.

elmundo.es Para que nadie muera porque una bomba ha destruido un hospital o porque los medicamentos han sido robados. Estas imágenes son sólo una muestra del peligro en el que se encuentra la asistencia sanitaria en algunos lugares del mundo que viven en conflicto armado. Con el objetivo de reclamar protección tanto para los pacientes como para el personal sanitario, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y las sociedades nacionales de la Cruz Roja han puesto en marcha la campaña 'Asistencia de salud en peligro'.
Descripción de la imagen
FOTO: CICR / J. Mohr / il-d-00089
Se trata de una iniciativa mundial que pretende hacer "más seguro" el acceso a la atención de salud en situaciones de conflicto. Para que nadie muera porque la ambulancia que iba a asistirle ha sido secuestrada o porque un puesto de control impide el paso o porque han matado al personal sanitario.
Para concienciar de estas situaciones inhumanas, desde el 3 de octubre hasta el 4 de diciembre, 88 paradas de Metro de Madrid exponen imágenes de esta cruenta realidad. También lo hacen otras seis capitales europeas.
"En Europa la gente tiene la suerte de saber que llegarán al hospital más cercano con seguridad, que la ambulancia que les transporta se abrirá paso sin obstáculos y que la farmacia dispondrá de los medicamentos que necesiten. Lamentablemente millones de personas no tienen esa posibilidad en países como Siria, la República Democrática del Congo y Somalia, donde hay heridos o enfermos que mueren porque se bombardean los hospitales, se impide el paso de las ambulancias y se saquean las instalaciones médicas", señala el director general del CICR, Yves Daccord.
Según un estudio realizado por el Comité y publicado en mayo de 2012, se registraron al menos 921 incidentes violentos contra el personal de salud, infraestructuras sanitarias y heridos o enfermos. En definitiva, tal y como ha comentado el director general del Departamento de Ayuda Humanitaria y Protección Civil de la Unión Europea, Claus Sorensen, "la falta de seguridad que hay en las guerras tiene amplias repercusiones en la asistencia sanitaria".
En países como Afganistán, Colombia, la República Centroafricana y Mali, los problemas que se plantean a la asistencia de salud dimanan tanto de ataques directos contra el personal de salud como de las dificultades de acceso a las instalaciones sanitarias a las que muchas veces hacen frente los heridos y los enfermos.
"Los ciudadanos europeos deben tomar conciencia de la urgencia de atender este problema y del daño que se está causando", subraya María Alcázar, directora del Departamento de Cooperación Internacional de Cruz Roja Española. "La inaceptable realidad es que la neutralidad de las instalaciones, de los medios de transporte y del personal de salud es constantemente ignorada. Si la opinión pública internacional es suficientemente fuerte logrará persuadir a las partes en los conflictos y a la comunidad internacional para que actúen directamente sobre el terreno",
kira herrera 

kira herrera 

miércoles, 12 de marzo de 2014

CONFLICTO Y SALUD MENTAL EN COLOMBIA



LILIAN CORTINES ACOSTA

ANSIEDAD, LA CONSECUENCIA DEL CONFLICTO EN LA SALUD DE LOS COLOMBIANOS

Investigación apunta a que conflicto armado en el país sí tiene un alto impacto en la salud mental.
Una mujer lanza un grito para protestar por las personas que han desparecido por el conflicto armado. La Personería de Cali denunció un incremento del 22,4 % en la cifra de desaparecidos desde el 2008.
A pesar de que el conflicto colombiano ha durado unas cinco décadas, y aunque también se sabe que la población civil es una de las más afectadas, hasta el momento poco se ha hecho para establecer cuáles son los efectos reales del conflicto en la salud mental de quienes habitan las regiones más afectadas.
Una de las razones del escaso conocimiento es que en la mayoría de investigaciones sobre el tema se evalúa a los veteranos de guerra y no a la población que vive en la zona.
No obstante, una investigación que se realizó en Colombia por parte de un grupo internacional de psicólogos y que fue publicada en la revista ‘Conflict and health’, parece dar un paso adelante en este sentido. De hecho es el estudio más ambicioso que hasta ahora se ha hecho en el país.
La investigación consistió en analizar el estado de la salud mental de personas de los departamentos de Nariño, Cauca, Putumayo y Caquetá -zonas críticas en cuestión de orden público- que visitaban los puestos de asistencia de Médicos sin Frontera. En total, entre el 2010 y el 2011, se recopilaron unos 6.353 casos de personas mayores de 16 años. Las conclusiones apuntan a que el conflicto armado sí tiene un alto impacto en la salud mental que conlleva a enfermedades vinculadas a la ansiedad, como el sentimiento de una amenaza permanente, desórdenes del sueño o dificultades para dormir. 

Riesgo de suicidio
En el texto también se resalta “el riesgo de suicidio dentro de la población civil afectada por el conflicto”.
Sin embargo, el estudio encontró que “los desórdenes en la salud mental no están relacionados únicamente con la experiencia directa en el conflicto armado, pues tendencias al suicidio, a la depresión o a la agresión estaban relacionadas igualmente, o incluso en mayor proporción, a experiencias que no están asociadas directamente con el conflicto”.
De hecho se detectó que la violencia personal (no vinculada con el conflicto) lleva generalmente a que se presenten síntomas como la impulsividad, la agresión y el abuso de substancias. 
Aunque “el riesgo de suicidio está presente en todas las sociedades”, tal como se lo dijo el psicólogo británico Vaughan Bell a ‘BBC Mundo’, también es cierto que “en el caso de lugares que viven en conflicto armado como Colombia, el hecho de que haya más desintegraciones familiares, rupturas sociales y falta de acceso a los servicios estatales aumenta la vulnerabilidad de los grupos y disminuye los factores protectores o mecanismos de soporte, todo lo cual puede aumentar los riesgos de suicidio así como otros mecanismos de afrontamiento violentos".
Bell, quien es profesor del Instituto de Psiquiatría del King's College de Londres, sostiene que precisamente por eso “es importante que las intervenciones y programas de tratamiento para las poblaciones afectadas no solo se enfoquen en el trauma sino que incluyan una gama de aspectos sociales y clínicos”.

Otras conclusiones
Por lo general, en este tipo de indagaciones se considera que la edad es un factor determinante en los niveles de sicopatologías, es decir, se cree que las personas de edad más avanzada tienen un mayor riesgo de sufrir desórdenes mentales. Por el contrario, al menos en este estudio, la edad no fue un factor relevante.
Lo que sí encontraron fue diferencias en el tipo de problemas entre hombres y mujeres. Por ejemplo, luego de experiencias dentro del conflicto armado los hombres son más propensos a abusar del alcohol, lo mismo que a cometer actos agresivos, aunque lloran menos, porque es un comportamiento que culturalmente no es aceptado en el género masculino.
Como todo estudio, este tiene sus limitaciones, sobre todo porque las conclusiones fueron sacadas luego de analizar un grupo específico, que fue el que consultó el sistema de salud.
Dentro del análisis quedó por fuera la población que no pudo acceder al sistema, bien sea porque no existe la costumbre de acudir a este tipo de ayuda profesional o debido a que no pudieron movilizarse hasta el lugar por no tener los recursos o, precisamente, porque el conflicto armado dificulta transitar por ciertas zonas.
Con la información a la mano ahora el turno es para que el Gobierno tenga en cuenta esta información a la hora de diseñar políticas de atención a la población más vulnerable.
LILIAN CORTINES ACOSTA 

CONFLICTO ARMADO: REGULACIONES EN TIEMPO DE CONFLICTO ARMADO

REGULACIONES EN TIEMPO DE CONFLICTO ARMADO

La ética médica en tiempo de conflicto armado es idéntica a la de tiempo de paz, como está formulada en el Código de Etica Médica de la Asociación Médica Mundial. La primera obligación del médico es su deber profesional, al cumplir su deber, su conciencia es su guía suprema.
La misión esencial de la profesión médica es preservar la salud y salvar la vida humana. Por lo tanto, no se considera ético:
  1.    Dar consejo o realizar un acto médico profiláctico, diagnóstico o terapéutico que no esté justificado por el bienestar del paciente.
  2. Debilitar la resistencia física o mental de un ser humano sin justificación terapéutica.
  3. Utilizar métodos científicos para atentar contra la salud o la vida humana.

Los experimentos sobre seres humanos están sometidos en tiempo de conflicto armado a las mismas reglas que en tiempo de paz, están estrictamente prohibidos sobre aquellos individuos que no disponen de su libertad y, en especial, sobre aquellos prisioneros civiles y militares y la población de países ocupados.
En caso de urgencia, el médico debe suministrar siempre los cuidados inmediatos imparcialmente y sin consideración de sexo, raza, nacionalidad, religión, afiliación política o cualquier otro criterio similar. Dicha asistencia médica debe continuarse siempre mientras sea necesaria y practicable.
El médico está obligado a guardar el secreto médico en el ejercicio de su profesión. Los privilegios y las atribuciones conferidas al médico deben servirle únicamente para el ejercicio de su misión profesional.


REGLAS QUE REGULAN LA ATENCIÓN DEL ENFERMO Y DEL HERIDO, PARTICULARMENTE EN TIEMPO DE CONFLICTO

  1. Toda persona militar o civil debe recibir, en cualquier circunstancia y sin demora, la atención que exige su estado, sin consideración de sexo, raza, nacionalidad, religión, afiliación política o cualquier otro criterio similar.
  2. Todo atentado a la salud y a la integridad corporal o mental del hombre, que no esté justificada por razones terapéuticas, está prohibido.
  3. En casos de emergencia, los médicos y el personal médico asociado deben prestar atención inmediata en la mejor forma posible dentro de su capacidad. No se hará ninguna distinción entre pacientes, salvo la que justifique la urgencia médica.
  4. Los miembros de la profesión médica y auxiliar deben recibir la protección necesaria para ejercer libremente sus actividades profesionales, dándoseles toda asistencia en el desempeño de su misión. Tendrán en particular el derecho de circular libremente y de ir a todos los lugares donde su presencia fuera necesaria. La independencia profesional del médico será siempre respetada.
  5. El cumplimiento de las actividades y responsabilidades médicas no será, bajo ninguna circunstancia, considerado como delito. El médico nunca debe ser procesado por mantener el secreto profesional.
  6. En el desempeño de su misión, las profesiones médicas y auxiliares se identificarán por un emblema distintivo de la serpiente y la vara roja sobre fondo blanco. Su uso está regulado por una reglamentación especial. 
LILIAN CORTINES ACOSTA

jueves, 6 de marzo de 2014

MIN SALUD IMPLEMENTA PROGRAMA DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL A VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA


Bogotá, D.C., 21 de octubre de 2013.
Para mitigar el impacto y el daño a la integridad física, psicológica y moral de las víctimas de violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, el Gobierno Nacional implementa el Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas del Conflicto – PAPSIVI, en el marco de la Ley 1448 de 2011.
En ese sentido, el Ministro de Salud y Protección Social, Alejandro Gaviria Uribe, y la Directora de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, Paula Gaviria Betancur, señalaron que este programa permite la asistencia integral en salud, con enfoque diferencial, de las víctimas y el restablecimiento de sus condiciones físicas y mentales, como medida de rehabilitación.

El PAPSIVI trabaja bajo cuatro enfoques: el de las víctimas como sujeto de derechos; el psicosocial, a través del que se reconoce el impacto de los hechos violentos sobre cada individuo de manera particular, acogiendo las directrices del Enfoque Psicosocial desarrolladas por la Unidad para las Víctimas; el diferencial, donde se tiene en cuenta la situación pertenencia étnica, orientación sexual, vulnerabilidad y discapacidad; y por último, un enfoque transformador que implica la actuación sobre las condiciones de vulnerabilidad.

El PAPSIVI forma parte de las medidas de asistencia y rehabilitación a las víctimas del conflicto armado previstas en la Ley de Atención, Asistencia y Reparación Integral de las Víctimas del conflicto armado y de Restitución de Tierras.

Para la implementación del componente de Atención Psicosocial, el Ministerio conformó 126 equipos interdisciplinarios compuestos por profesionales de ciencias sociales y humanas, ciencias de la salud y promotores comunitarios. “Son más de 550 personas formadas para brindar la atención psicosocial en 17 departamentos, 230 municipios y Bogotá D.C”, aseguró Paula Gaviria Betancur, Directora de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.

Hasta la fecha, se han realizado jornadas de formación a dichos equipos interdisciplinarios en 16 entidades territoriales del país, para facilitar la implementación del componente de atención psicosocial, con la información suficiente y los elementos de formación básicos para enfrentar ética y responsablemente los retos que plantea la atención a las víctimas del conflicto armado.
Retos y Desafíos de la Ley 1448 de 2011

El Ministro de Salud y Protección Social, Alejandro Gaviria Uribe, expuso los siete retos que tiene la implementación del Programa de Atención Psicosocial a Víctimas en los siguientes aspectos:
  • Disminución de barreras para el acceso a la salud integral.
  • Implementación progresiva y participativa del PAPSIVI con las víctimas del conflicto armado
  • Formación del talento humano (servidores públicos de planta y de contrato) del Ministerio en eltema de víctimas y reparación.
  • Establecimiento de los procesos de coordinación con las diferentes entidades del sector (Secretarias de Salud, EPS e IPS).
  • Articulación del sector con los entes territoriales y el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a Víctimas - SNARIV (ICBF, Educación, Trabajo, SENA, Min Interior) en los territorios, en la fase de alistamiento.
  • Fortalecimiento de la identificación como víctima en el momento de acceder a los servicios de salud, en coordinación con el sector de las TIC.
  • Aseguramiento del 100% de la población víctima.


Fases de la implementación del PAPSIV
  • Construcción conjunta: el Programa de Atención Psicosocial a Víctimas fue elaborado por el Ministerio de Salud y Protección Social, consultado y socializado con la población afectada durante 2012 y primer semestre de 2013, en un espacio transitorio de participación dispuesto por la Unidad.
  • Alistamiento: se coordinó entre junio y julio de este año con los departamentos, distritos y municipios del país la implementación del componente psicosocial.
  • Implementación progresiva: la tercera fase inició en julio de 2013 y se extenderá hasta marzo de 2014; consiste en la formación de los servidores públicos del Sistema General de Seguridad Social en Salud con los equipos interdisciplinarios del PAPSIVI.
  • Monitoreo y seguimiento: a través de las secretarías departamentales y municipales de salud se realiza desde julio de 2013 el seguimiento y monitoreo al programa, en el marco de la Ley 1448 de 2011.
     LILIAN CORTINES ACOSTA
MSF alerta sobre el impacto del conflicto colombiano en la salud mental de los civiles



Los desplazados por el conflicto armado de Colombia sufren un segundo calvario, esta vez psicológico, en las zonas donde son acogidos, con graves problemas de salud mental y sin la adecuada asistencia gubernamental, denunció hoy la ONG humanitaria Médicos Sin Fronteras (MSF)

Los desplazados por el conflicto armado de Colombia sufren un segundo calvario, esta vez psicológico, en las zonas donde son acogidos, con graves problemas de salud mental y sin la adecuada asistencia gubernamental, denunció hoy la ONG humanitaria Médicos Sin Fronteras (MSF). Hemos demostrado que se puede prestar esa atención e igualmente podría hacerlo el Gobierno colombiano, señaló Teresa Sancristóval, responsable de las operaciones de MSF en Colombia.

Sancristóval y Carmen Martínez, referente de Salud Mental de MSF, presentaron hoy en Madrid el informe Tres veces víctimas, sobre la incidencia del conflicto armado en la salud mental de los habitantes del Departamento colombiano de Caquetá, extrapolable, según la ONG, a otras zonas afectadas por el conflicto armado. El informe atribuye esa triple condición de víctimas de la violencia, el silencio y el abandono a la población colombiana sometida al sufrimiento de un conflicto armado no reconocido, y sobre todo a los desplazados por la violencia de las tropas gubernamentales, la guerrilla y los paramilitares.

Las víctimas están tan estigmatizadas que no se atreven a hablar de su sufrimiento, con una sensación de impotencia que les impide rehacer su vida, explicó Martínez a la prensa. El estudio de MSF se centró en 5.064 pacientes entre marzo de 2005 y septiembre de 2009, en el Departamento de Caquetá, (sur del país) con un 49,2 por ciento de esas personas expuestas directamente al conflicto armado por actos violentos, reclutamiento forzado, desplazamiento, restricción de movilidad o asesinato de familiares.

El trabajo de Médicos Sin Fronteras en Caquetá (donde está presente desde 1999) fue ingente dado que en la zona no había servicios de atención mental, según refirió Teresa Sancristóval. Entre los diagnósticos realizados por MSF figuran los trastornos depresivos mayores, por estrés agudo, por estrés traumático, además de trastornos adaptativos de los desplazados y por duelo, ante la muerte de familiares o allegados directos. Según Sancristóval, los desplazados son mirados con recelo en los lugares en los que se asientan huyendo de la guerra y son de nuevo víctimas, esta vez de la marginación y la exclusión social, añadió Carmen Martínez.

En el informe abundan los testimonios en ese sentido, como el de un hombre desplazado en la ciudad de Florencia, que lamentaba el aislamiento a que ahora se veía obligado. Hay gente que lo ve a uno como animal raro, piensan que si somos desplazados es porque algo malo hicimos. Hasta pensarán que nos lo merecemos, pero nunca nos preguntan qué nos hicieron, por qué tuvimos que venirnos, señaló este hombre, testigo en su aldea del asesinato y descuartizamiento de una persona. El informe subraya que esa falta de integración social de los desplazados les dificulta el acceso al trabajo, la vivienda, la educación y la salud, lo que a su vez dificulta la superación de su difícil condición vital.

Por otra parte, la violencia en la familia también tiene en su raíz el conflicto, con una agresividad y negligencia incluso por parte de las madres hacia sus hijos, que es asumida como algo natural, explicó Martínez. Ante esta situación, MSF reitera la inoperancia de las autoridades colombianas a la hora de atender estos problemas de salud mental.

Según el informe, Colombia está en la cola en cuanto a presupuesto sanitario dedicado a la salud mental, con apenas un 0,1 por ciento de ese presupuesto total. Hay que cambiar un chip en las instituciones, para intentar paliar las necesidades de estas generaciones que no conocen otra cosa que la guerra, dijo Sancristóval, para quien está muy claro que ese cambio debe llegar del Gobierno nacional colombiano para que sea efectivo.

LILIAN CORTINES ACOSTA